Fortuño y su plan de emergencia fiscalEndi.com El Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal (CAREF) del nuevo gobierno recomendó ayer una reducción de 11,000 empleos en el servicio público. Además, sugirió como medidas permanentes una mejor fiscalización de los recaudos por el pago de contribuciones y del impuesto sobre ventas y uso (IVU). Si se implantan todas las recomendaciones del comité, el ciudadano sentirá impacto diverso en el costo por el uso del teléfono celular, así como en el consumo de cigarillos, licores y gasolina. La propuesta merma de los empleados del Estado Libre Asociado será mediante la reducción de empleados transitorios, así como de confianza y aquellos contratados después del 1 de julio de 2008, dijo Richard Carrión, portavoz del CAREF. Como parte de su labor, el CAREF recomendó, además, medidas temporales que incluyen moratorias en créditos contributivos y una reducción en la exoneración de $15,000 en la propiedad inmueble que impactaría estructuras cuyo valor es de $210,000 en adelante al día de hoy. Según Carrión, esas propiedades representan “menos del 20% de las residencias” del país.
Carrión también aludió a un arbitrio por uso de teléfonos celulares, como otra medida temporal. La página 21 del informe sometido al Gobernador señala que “se recomienda la imposición de un árbitrio especial de un centavo por minuto de comunicación de voz por medio de teléfonos celulares”. “Esta medida podría representar aproximadamente $185 millones anuales, asumiendo un uso promedio por línea de 700 minutos mensuales y 2.2 millones de líneas activas”, destaca el informe. La medida no aplicaría a comunicación de data o texto y permanecería en efecto hasta julio de 2012, aclara el CAREF en su reporte. En el documento de 42 páginas, por otro lado, sobre la gasolina recomienda aumentar el impuesto de 16 a 40 centavos por galón. El ingreso adicional de ese impuesto debe permanecer en el Fondo General para ayudar a reducir el deficit estructural, recomiendan los asesores del primer ejecutivo. Al aplicar el ingreso adicional de 24 centavos por galón, la medida generaría alrededor de $262 millones. Para el consumidor, segun el CAREF, representaría un alza de 6.5 centavos por litro en el precio de la gasolina, estimaron. Una recomendación de un aumento de 50 centavos por paquete en el árbitrio del cigarillo también ha sido incluida.El grupo espera que la medida propicie una reducción en el consumo de cigarillos, lo que a mediano y largo plazo representa un beneficio para la salud de la población. En cuanto a las bebidas alcohólicas, recomendaron ajustes que redundarán en ingresos adicionales de $30 millones. El gobernador Luis Fortuño, mientras, firmó una orden ejecutiva que declara un estado de emergencia fiscal en el País a raíz del déficit actual de $3,200 millones. Como parte de las medidas dispuestas en la orden, Fortuño ordenó la implantación de un plan de prudencia gerencial en todas las agencias del Gobierno dirigido a reducir en 10% los gastos operacionales. Asimismo, el documento ordena la congelación inmediata de la contratación de nuevos empleados, prohibición de nuevas plazas y eliminación de plazas vacantes. “Que no le quepa duda a nadie, el déficit actual de $3,200 millones es el más grande, en términos porcentuales de todos los estados”, dijo Fortuño en conferencia de prensa al presentar las recomendaciones recibidas del Comité Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal. En el plan que presentó el comité asesor el déficit presupuestario se eliminaría para el año fiscal 2013, “sin la necesidad de reducir la jornada laboral de los empleados públicos o incrementar el IVU”, enfatizó Fortuño. Entre las medidas para conjurar el déficit, el comité asesor recomendó un aumento al arbitrio a la gasolina, los cigarrillos, las bebidas alcohólicas y las comunicaciones por celular, así como un aumento significativo en la fiscalización de las obligaciones contributivas existentes, tanto sobre ingreso como el Impuesto sobre Venta y Uso (IVU). Para reducir los gastos del gobierno, el comité recomendó una moratoria por dos años de la aplicación de las cláusulas económicas de los convenios colectivos, la congelación de contratación de nuevos empleados, prohibición de nuevas plazas y eliminación de plazas vacantes, reducción de empleados transitorios, regulares y de confianza, reducción de 10 por ciento en el presupuesto asignado a la legislatura y revisión de las fórmulas de asignación a los municipios. “La ley establece que para firmarlos (convenios) tiene que haber suficientes fondos. Los jefes (de agencias) que los firmaron fueron unos irresponsables porque engañaron a sus trabajadores”, dijo Fortuño. El Gobernador anunció que remitirá este informe a la Junta de Planificación para que ésta lleve a cabo un estudio macroeconómico que evalúe en mayor detalle el impacto económico de las medidas propuestas por el comité.
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