El equipo de transición del gobernador electo Luis Fortuño instaló alarmas en las oficinas del Departamento de Estado.

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No confía en nadie el equipo de Fortuño

Por Yanira Hernández Cabiya

El Nuevo Día / 20 de noviembre de 2008

El equipo de transición del gobernador electo Luis Fortuño instaló alarmas en las oficinas del Departamento de Estado que le fueron cedidas para el proceso de cambio de gobierno, un hecho que demuestra el nivel de desconfianza existente entre éste y los funcionarios de la administración saliente.

La información confirmada ayer por el director ejecutivo del Comité de Transición entrante, Juan Carlos Blanco, es el último de una serie de incidentes que denotan la tensión reinante en el proceso.

En entrevista con este diario, Blanco admitió que el sistema de alarma fue instalado desde la primera reunión de transición para evitar que funcionarios u otras personas ajenas a su equipo tengan acceso a los documentos con que trabajan. Esos documentos incluyen las carpetas de información que sometieron los jefes de agencia de la administración saliente.

Pero, según pudo confirmar El Nuevo Día, el comité entrante está recibiendo información de funcionarios de la administración actual, de ex funcionarios y de personas privadas que ofrecen “voluntariamente” datos sobre las agencias gubernamentales.

La ley dispone que el proceso de transición se realice en el Departamento de Estado, donde el secretario de la agencia debe proveer al gobierno entrante las instalaciones y materiales necesarios para el mismo.

Aunque dicha ley sirvió de marco para la transición en el 2004, ésta es la primera ocasión en que se utiliza durante un cambio de gobierno de partidos distintos.

“Nosotros no controlamos el acceso al edificio y queríamos estar seguros de que en los momentos en que físicamente no estuviéramos por lo menos tuviéramos cierto tipo de protección”, admitió Blanco, quien a partir de enero será el Secretario de la Gobernación de la administración Fortuño.

En su conversación con este diario, Blanco dijo incluso que el comité entrante no se siente seguro de que las agencias estén ofreciendo toda la información necesaria para que el nuevo gobierno pueda iniciar su gestión el 2 de enero con el pie derecho.

“En estos momentos yo no confío en que estamos recibiendo toda la información que necesitamos”, recalcó Blanco, pese a indicar que cuando han solicitado datos adicionales a las agencias éstas han cumplido con el requerimiento.

Asimismo, Blanco insistió en que les preocupa que durante el mes y medio que le resta a la administración de Aníbal Acevedo Vilá se concreten acuerdos contractuales que afecten las ya maltrechas finanzas públicas.

Más allá de la suspicacia

Diversas fuentes consultadas por este diario que han participado en transiciones anteriores coinciden en que si bien siempre existe cierto tipo de suspicacia, nunca la desconfianza había alcanzado los niveles revelados ayer.

Los problemas de desconfianza comenzaron a aflorar desde el día después de las elecciones generales, cuando Fortuño solicitó al gobernador Acevedo Vilá que diera instrucciones a los jefes de agencia para que detuvieran todo tipo de contrataciones.

Una vez comenzada la transición, el presidente del comité entrante, Kenneth McClintock, denunció un alegado esquema de destrucción de documentos en las agencias y presentó como evidencia fotos tomadas presuntamente en los pasillos del Departamento de Estado.

Ante ese hallazgo urgió al secretario de Estado y presidente del Comité de Transición saliente, Fernando Bonilla, a dar órdenes para que se guardaran todas las trituradoras de papel en las agencias.

El equipo del gobernador electo también rechazó arreglos previos hechos por la administración saliente para proveer sonido y meriendas durante las audiencias públicas del proceso de transición, alegando que los costos eran excesivos y que no habían sido consultados primero.

Por otro lado, Blanco indicó que el comité entrante no está girando contra el fondo asignado por el Departamento de Estado para la transición, ascendente a $400,000, debido a que por lo corto del proceso necesitan “mayor agilidad” de la que pueden tener si utilizan fondos públicos.

Adelantó, sin embargo, que en un par de semanas será necesario hacer cargos contra ese fondo para pagarles a las personas que se contratarán por servicios profesionales. Éstas colaborarán en la redacción de los informes de la transición y en el proceso de investigación.